ley de dependencia y vivienda

Gobierno y comunidades decidirán si tener vivienda habitual influye en el pago de los servicios al dependiente
ABC.ES-1 DE DICIEMBRE DEL 2006

M. J. PÉREZ-BARCO. MADRID.
Antes de entrar en vigor, el próximo uno de enero, la ley de Dependencia, que ayer fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, nace con cuestiones de gran calado social sin resolver y con grandes lagunas que quedarán pendientes para los meses venideros.
Una de las iniciativas más trascendentales, que ayer centró la atención en el hemiciclo de la Cámara Baja, consiste en conocer cuál será la aportación que pagará el usuario cuando utilice el servicio que necesite del futuro Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La ley aprobada ayer recoge que este copago se medirá por la capacidad económica sólo del solicitante, teniendo en cuenta su renta y patrimonio, y no por la de la familia.
El debate se centra ahora en saber si dentro de ese patrimonio se incluirá la vivienda habitual, ya que la norma, en cierto modo, deja abierta esa posibilidad al criterio de un futuro Consejo Territorial. Este será un órgano que se constituirá desde enero a marzo y donde estarán representantes de diversos ministerios y de las comunidades. El Consejo decidirá la aportación que deberá realizar el usuario por el coste del servicio. Y podría aprobar que la vivienda habitual compute, o no, a la hora de pagar.
De hecho, la diputada socialista que defendió la ley en el hemiciclo, Mari Sol Pérez, explicó que «la intención del Gobierno es que la persona dependiente se quede en su propia casa, por tanto no se tendría en cuenta la vivienda habitual. Sin embargo, en el caso de personas, por ejemplo, solas, sin familia y que precisan una residencia, sí contaría la vivienda».
Todo el peso para desarrollar la ley recae a partir de enero sobre el Consejo Territorial. También deberá definir otras cuestiones básicas como cuál es el baremo para establecer quién es o no dependiente y en qué grado, y cuáles serán las cuantías de las prestaciones económicas que la Administración paguen a los usuarios.
A pesar de que todavía falten todos esos flecos por resolver, se estima que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se ocupará de 1,2 millones de españoles en 2015, tras una implantación progresiva que se acometerá en los próximos ocho años. Pero esa cifra tiene todos los visos de ampliarse, pues el envejecimiento de la población española es ya un proceso imparable. La ONU calcula que en 2050 nuestro país será el segundo más viejo del mundo.
Tras su tramitación en el Senado y en el Congreso de los Diputados, esta es la arquitectura que presenta la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia:
Nace un nuevo derecho subjetivo. Cuando una persona, por circunstancias de la vida o por la edad, no pueda valerse por sí misma para realizar actividades básicas de la vida diaria -comer, levantarse, cuidar su aseo o caminar- las administraciones públicas se encargarán de atender esas necesidades, a través de una red de servicios y prestaciones que se denominará Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Las personas con una discapacidad intelectual o con enfermedad mental tendrán derecho a que se les facilite los apoyo necesarios para lograr mayor autonomía personal.
Principios. La red de servicios y prestaciones tendrá carácter público y universal y será igual para todo el país, independientemente del lugar de residencia. En esta red colaborarán tanto los servicios sociales como sanitarios, públicos y privados, y también participarán organizaciones del tercer sector. Serán atendidos de forma «preferente» los grandes dependientes (223.457 personas en 2007) y se intentará siempre que sea posible que los usuarios permanezcan en el entorno donde desarrollan su vida.
Beneficiarios. Todos los españoles que se encuentren en una situación de dependencia en los grados que recoge la ley. Se incluye explícitamente a los menores de tres años, que tendrán una valoración específica.
Grados de dependencia. Existen tres niveles. Se considera dependencia moderada cuando una persona necesita ayuda para realizar actividades básicas de su vida diaria, al menos una vez al día. Severa, cuando precisa ayuda dos o tres veces al día. Y gran dependencia si ha perdido toda la autonomía y es imprescindible un cuidador de forma continua.
En el caso de discapacitados intelectuales hay también tres grados. Moderado: necesita un apoyo limitado para su autonomía; severo, el apoyo debe será extenso, y gran dependiente, si precisa ayuda de forma generalizada.
Servicios. La norma despliega un catálogo de servicios para satisfacer las necesidades de las personas dependientes y facilitar su autonomía. E incluso contempla servicios para prevenir que no se llegue a esas situaciones. Son los siguientes: teleasistencia, ayuda a domicilio para atender las necesidades del hogar y los cuidados personales; centros de día y noche tanto para mayores como menores de 65 años, y residencias para dependientes que hayan superado la edad de jubilación y para discapacitados.
Prestaciones económicas. La ley prevé una serie de ayudas económicas que se concederán cuando, en determinadas circunstancias, el usuario no pueda acceder a los servicios. Hay tres tipos de prestaciones:
Si el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia no puede dar el servicio, las administraciones concederán una prestación económica al usuario para que lo adquiera en el mercado privado.
De forma excepcional, la persona dependiente podrá ser atendida por un cuidador familiar que recibirá una prestación económica y estará dado de alta en la Seguridad Social. Recibirá, asimismo, programas de formación y podrá beneficiarse de otras medidas para que también disfrute de periodos de descanso.
Los grandes dependientes contarán con una ayuda específica para que contraten a un cuidador personal durante un número de horas al día.
Dónde dirigirse. Las comunidades autónomas informarán el próximo año a los ciudadanos sobre los órganos que se encargarán de atender la dependencia y cuáles serán los equipos de evaluación que valorarán la situación de cada dependiente y sus necesidades.
Financiación. Correrá a cargo de las administraciones públicas y los propios usuarios. La Administración General del Estado y las comunidades aportarán las mismas cantidades. A nivel individual, cada beneficiario contribuirá en el coste del servicio que utilice en función de su renta y patrimonio. Por tanto, cada uno pagará un porcentaje diferente. Sin embargo, todavía no se han establecido el baremo y los criterios que se aplicarán para fijar quién paga y cuánto. No obstante, ningún usuario se quedará sin servicios.